Por: Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán
El Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) expresa su firme condena y su solemne oposición a la promulgación, el 1 de julio, por parte del Gobierno chino de la denominada «Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso». A través de esta legislación nacional, China está intentando ejercer una jurisdicción de largo alcance y una represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que vulnera gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores señala que la ley mencionada, en su forma de legislación nacional, otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones y personas fuera de China. Esto sirve de pretexto legal para que China amplíe su jurisdicción de «brazo largo» y su represión transnacional, lo que supone una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel mundial. En el futuro, las personas de todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de medidas o ser procesadas en virtud de esta ley.
La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de impulsar el expansionismo autoritario a través de la legislación nacional.
Además, numerosas disposiciones de la ley se basan en conceptos mal definidos, como lo que China denomina «socavar la unidad étnica», «crear división étnica» y «actuar en detrimento de la unidad y el progreso étnicos». Esto da margen a las fuerzas del orden chinas para realizar interpretaciones arbitrarias, lo que dificulta que las personas puedan evaluar los riesgos, lo que podría dar lugar a la autocensura y a un efecto disuasorio. Dichas medidas contradicen gravemente los principios de claridad jurídica y proporcionalidad que defienden los países regidos por el Estado de derecho.
El Ministerio de Asuntos Exteriores reitera que la República de China (Taiwán) es un país soberano e independiente y que ni la República de China (Taiwán) ni la República Popular China están subordinadas la una a la otra. Ninguna legislación nacional promulgada por China tiene carácter vinculante para Taiwán, y China no tiene en absoluto derecho a inventarse fundamentos jurídicos para criminalizar al pueblo taiwanés. Como país libre y democrático, Taiwán garantiza a su población la libertad de expresión y de pensamiento, de conformidad con la ley. El Ministerio de Asuntos Exteriores se opone firmemente a la Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso de China; insta a la comunidad internacional a contrarrestar conjuntamente el expansionismo autoritario
China no tiene derecho a opinar ni a interferir en estos asuntos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores subraya que, cuando los regímenes autoritarios exportan el miedo, los países democráticos deben reforzar su resiliencia social; y que, cuando las fuerzas autoritarias intentan sembrar la división, los socios con ideas afines deben intensificar su colaboración para dar una respuesta colectiva. Como miembro importante del bando democrático, Taiwán seguirá aprovechando la cooperación internacional para reforzar la resiliencia social y contrarrestar la represión transnacional del Gobierno chino.
